La Agrupación Socialista de Jumilla denuncia una vez más, el recorte del Gobierno Regional en materia de política social, pese a que tanto en campaña electoral como en el debate de presupuestos, mantenían que no recortarían en esta materia, mintiendo una vez más a los murcianos.
Hace unas semanas el Gobierno Regional, nos sorprendía con la creación de nuevas tasas como la solicitud de dependencia, minusvalía o familias numerosas, obligándonos con ello, en cierto modo al copago de los mismos y poniendo en riesgo la universalidad de estos servicios. En esta ocasión, la Consejería de Sanidad y Política Social, reunió el pasado 18 de enero a las familias que tienen acogidos a menores tutelados de entre 0 y 6 años dentro del programa temporal “familias canguro” con el objeto de informarlas, que debido a los recortes presupuestarios, éstas familias tendrán que comprometerse a asumir el cuidado de los citados menores como tutores legales de forma voluntaria, y que en estos momentos son responsabilidad de la Comunidad Autónoma, dejando de percibir la compensación económica de 700 € mensuales que venían percibiendo hasta el momento, por lo que las familias participantes en dicho programa, tendrán que asumir todos los gastos que ocasionen los menores tutelados que tengan acogidos.
De esta manera, la Comunidad se ahorrará el coste de que los mismos ingresen en centros y el coste que supone el mantenimiento de esos niñ@s a los que la administración regional había tutelado por estar en situación de desamparo con sus padres, y deja enteramente el cuidado de los mismos, a la buena voluntad de familias murcianas a las que por otro lado, el gobierno del Partido Popular ahoga con subidas de impuestos.
Igualmente, los menores tutelados acogidos por familia extensa, que tienen derecho en función de sus ingresos a percibir una contraprestación de 120 €/mes por menor acogido, tampoco están cobrando esta contraprestación desde hace más de un año, lo que puede llegar a ocasionar que los familiares no puedan hacerse cargo de los menores y éstos tengan que ingresar en centros de protección, cosa casi imposible teniendo en cuenta, que los centros tienen todas las plazas cubiertas y tampoco están cobrando por sus servicios desde hace varios meses.
Una vez más, el gobierno regional con esta actuación, nos demuestra que en campaña electoral y en el debate de presupuestos mintió a todos los murcianos al asegurar que no harían recortes en políticas sociales, poniendo una vez más en el disparadero de los recortes y desprotegiendo a los colectivos más desfavorecidos y débiles de la sociedad, en este caso los menores que se encuentran en situación de desamparo, no buscando soluciones y alternativas de financiación para estos servicios, como podría ser la puesta en marcha del impuesto del patrimonio, que Valcárcel se niega a implantar.
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